Mientras Brasil se prepara para ser la sede de la COP30 en la ciudad de Belém en 2025, también busca establecer uno de los primeros grandes sistemas de comercio de emisiones de carbono del mundo en desarrollo.

Con la mayor superficie de bosque tropical del mundo, Brasil desempeña un papel fundamental como amortiguador natural contra el aumento de las temperaturas. Los analistas esperan que la creación de un mecanismo de tarifas del carbono disuada a las grandes industrias nacionales de contaminar, al mismo tiempo que aporte miles de millones de capital nacional e internacional a proyectos basados en la naturaleza para preservar y restaurar la selva.

Brasil es el sexto emisor mundial de gases de efecto invernadero. Se ha comprometido a reducir las emisiones un 53% por debajo de los niveles de 2005 para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 en virtud del Acuerdo de París. Su capacidad para alcanzar ese objetivo dependerá en gran medida de la reducción de las emisiones procedentes de la deforestación y la agricultura, que juntas representan casi el 75% de sus emisiones totales.

La victoria más inmediata del presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que volvió al poder en 2023 fue reducir a la mitad la deforestación en la selva amazónica y llegar al nivel más bajo de los últimos cinco años. La deforestación se había disparado bajo el mandato de su predecesor, Jair Bolsonaro, lo que dio lugar a duras evaluaciones por parte de los observadores de la acción climática.

Además de reducir la deforestación, Brasil también tendrá que frenar las emisiones de la agricultura, la energía y las industrias pesadas como el acero y el cemento para cumplir sus objetivos.

El gobierno federal espera aprobar este año el proyecto de ley para crear un mercado del carbono, antes de la COP30. Pero tras años de anticipación, la legislación se ha convertido en objeto de un tira y afloja entre ambas cámaras del Congreso. Los críticos afirman que su propósito de impulsar una reducción real de las emisiones en toda la economía brasileña podría verse gravemente socavado por la propuesta de excluir totalmente a la agricultura de la normativa.

Mujeres indígenas participan en una manifestación anual frente al Congreso de Brasil en abril de 2023. Las tierras de las comunidades tradicionales están en el punto de mira de empresas extranjeras para negociar créditos de carbono en la Amazonía, lo que preocupa a autoridades y activistas (Imagen: Ana Pessoa / Mídia NINJA, CC BY-NC)

Gran potencial, grandes lagunas

El Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que se está debatiendo sigue el modelo del mecanismo de fijación de precios del carbono de la Unión Europea. Ese sistema, introducido en 2005, ha tenido un éxito significativo y ha contribuido a que las emisiones de los sectores cubiertos disminuyeran aproximadamente un 40%. Hasta ahora, en América Latina solo México cuenta con un régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) comparable al europeo. En el resto del mundo, India, Turquía e Indonesia están avanzando hacia sistemas de tarificación del carbono. China, por su parte, cuenta con el mayor régimen de comercio de derechos de emisión del mundo.

En un régimen de comercio de derechos de emisión, a menudo denominado programa de “tope y trueque”, el gobierno fija un límite global de emisiones permitidas, distribuye derechos a las empresas y deja que el mercado determine el precio, ya que las empresas compran y venden derechos en función de sus propias emisiones. De este modo, se espera que las empresas reduzcan sus propias emisiones y aporten fondos para proyectos de reducción de emisiones, incluidos los forestales.

También ha dado impulso a la iniciativa brasileña el crecimiento previsto del mercado internacional de créditos de carbono, tanto en regímenes regulados (también conocidos como mercados obligatorios o de cumplimiento) como en programas voluntarios. Dado el potencial del país para ofrecer soluciones basadas en la naturaleza que pueden ser carbono negativas, se espera que un mercado de carbono riguroso en Brasil podría recibir miles de millones de dólares de empresas internacionales y otros actores a nivel mundial que deseen compensar su huella de carbono contribuyendo a la preservación de los bosques.

La consultora McKinsey ha calculado que Brasil podría recibir 15.000 millones de dólares solo del mercado voluntario de aquí a 2030. La Cámara de Comercio Internacional de Brasil es aún más ambiciosa y afirma que es posible obtener 120.000 millones de dólares en ingresos procedentes de los mercados regulados y voluntarios en el mismo periodo.

Aunque las ventajas económicas son evidentes, aún queda mucho por hacer para garantizar que el mercado de carbono se cree de forma transparente, rigurosa y que garantice una auténtica acción positiva. A medida que el proyecto de ley pasa por las dos cámaras del Congreso brasileño, una cuestión ha resultado especialmente polémica: la completa exención del sector agrícola de las obligaciones de reducción de emisiones, a pesar de ser uno de los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero en el país. Si solo se tuvieran en cuenta los impactos de la deforestación y de la industria agropecuaria, Brasil sería el séptimo mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta.

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Un bombero en la selva amazónica de Brasil. Las emisiones de la deforestación y la agricultura contribuyen a que el país sea uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo (Imagen: Vinícius Mendonça / Ibama, CC BY-SA)

La cuestión es compleja. En Europa, los productores rurales no están incluidos en el mercado de carbono del bloque. En parte, esto se debe a las dificultades para rastrear las emisiones de las explotaciones agrícolas, pero según los especialistas esto no debería justificar la exención del sector agrícola brasileño  del proyecto de ley.

“La exclusión de la agricultura no está justificada en este momento, como tampoco debería excluirse ahora ningún otro sector”, afirma Caroline Dihl Prolo, abogada medioambiental brasileña, especializada en mercados de carbono. “La ley debe ser integral para todos los sectores, de modo que la regulación pueda definir más adelante qué sectores se abordarán inicialmente. Pero la exclusión de la agricultura en la ley en esta fase fue el resultado de mucha presión política del sector agroindustrial”.

Credibilidad y acaparamiento de tierras

El gobierno federal pretende que el RCDE propuesto abarque inicialmente a unas 5.000 empresas que emitan cada una más de 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono al año, en los principales sectores contaminantes, como el acero, el cemento, los productos químicos y el aluminio. Las empresas con emisiones superiores al umbral tendrían que demostrar que disponen de las cuotas necesarias y, en ese caso, comprarlas a otras empresas o proyectos de carbono.

La propuesta de ley brasileña contiene una innovación no incluida actualmente en el RCDE europeo. Además de poder adquirir créditos en las subastas públicas del mercado regulado que gestionará el gobierno federal, las empresas también podrán adquirir créditos voluntarios obtenidos a través de proyectos de captura de carbono por medios naturales. Esta interoperabilidad significa que los activos del mercado voluntario podrían migrar al mercado regulado.

Lo que no puede ocurrir es que cualquier crédito generado en cualquier lugar del país sea conocido y operable en cualquier parte

Alexandre Prado, WWF Brasil

“La interoperabilidad puede ser interesante siempre que tenga un techo bajo en los créditos voluntarios que es posible que compre una empresa”, afirma Alexandre Prado, responsable de cambio climático de WWF Brasil. “Si se facilita demasiado el acceso, la empresa no hará nada, ya que será mucho más barato comprar un crédito de carbono que hacer cambios en su matriz tecnológica, que es lo que necesitamos”.

Los expertos afirman que esto exigirá una regulación cuidadosa para garantizar que los créditos voluntarios contribuyan realmente a reducir la deforestación, ya que muchos han demostrado tener escaso impacto en el mundo real.

“Lo que no puede ocurrir es que cualquier crédito generado en cualquier lugar del país sea conocido y operable en cualquier parte”, dice Prado. “Brasil sería conocido como el lavadero de carbono del mundo. Nuestro crédito tendrá muy poco valor. No tendrá credibilidad en el mercado internacional. Las grandes empresas internacionales, o incluso los países, no querrán comprar créditos de Brasil”.

El proyecto de ley aún se debate en el Senado y no se aprobó en el primer semestre de 2024, como esperaba el gobierno. Ahora, con las tensiones entre las dos cámaras del Congreso sobre quién tiene la última palabra en los detalles de la ley, la expectativa es que pueda aprobarse hacia finales de este año, o incluso en 2025. Una vez aprobada, la cuestión de qué proyectos forestales podrán vender esos créditos de carbono quedará en manos del gobierno, que deberá regularla en el futuro.

Estos retrasos e interrogantes no han impedido una avalancha de empresas que buscan llegar a acuerdos a largo plazo con las comunidades indígenas y otros administradores forestales para poder monetizar la selva tropical.

En 2022, Shell invirtió 40 millones de dólares para adquirir una participación en Carbonext, un promotor brasileño de créditos de carbono que desde entonces ha sido acusado de presionar a los líderes indígenas de la Amazonía para que firmaran contratos con páginas en blanco, y de ofrecer pagos por adelantado a cambio de derechos exclusivos sobre los créditos de carbono de sus tierras. La empresa ha negado las acusaciones.

Por otra parte, el mes pasado, la policía federal brasileña detuvo a cuatro personas por una presunta estafa: están acusadas de la apropiación ilegal de 500.000 hectáreas de bosque para generar créditos de carbono por un valor de 32 millones de dólares. Verra, el mayor registro de créditos de carbono voluntarios, ha suspendido desde entonces tres proyectos, cuyos créditos habían sido comprados por la aerolínea brasileña GOL, la aplicación de reparto de comida iFood y el banco Itaú.

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Otra investigación de la Defensoría Pública del estado de Pará vinculó dieciocho proyectos de créditos de carbono a una empresa llamada Indigenous Carbon, que al parecer tiene vínculos con un empresario estadounidense acusado de acaparar tierras públicas.

Los especialistas advierten, asimismo, que el camino hasta la plena implantación del sistema será largo.

“Tras su aprobación, pasarán al menos cinco años hasta que este mercado de carbono sea realmente operativo, porque la ley es un menú general que luego habrá que aplicar”, afirma Guarany Osório, del Centro de Estudios de Sostenibilidad de la Fundación Getulio Vargas.

“Este es un componente de una política climática que debe coordinarse con diferentes instrumentos. Brasil tiene muchas peculiaridades en diferentes sectores, y debemos pensar que esto es una pieza del engranaje. El mercado de carbono no resolverá [los problemas de] todos los sectores y todas nuestras emisiones. En cambio, tendrá un papel específico como pieza importante en este rompecabezas que Brasil quiere resolver”.





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