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La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha presentado alegaciones para la modificación del límite de inversiones en redes eléctricas, pidiendo que se elimine el actual tope respecto al PIB y se establezca un modelo de inversiones anticipadas con guías a 5 y 10 años revisables anualmente.

El Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una consulta pública previa para cambiar los límites de las inversiones en redes eléctricas, que ha estado abierta hasta ayer.

Actualmente esos límites son como máximo del 0,065% del PIB anual para las inversiones en redes de transporte de electricidad (excluidas las interconexiones), y del 0,13% del PIB para las redes de distribución (exceptuadas las destinadas a digitalización).

La ATE propone que, en caso de que se decida no eliminar el límite a las inversiones en redes eléctricas, se eleve «significativamente el umbral actual».

Según ha explicado la asociación, la estimación que hace el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de unas inversiones de 55.920 millones de euros hasta 2030 requeriría que el límite de inversión sobre el PIB pasara del 0,13% al entorno del 0,65% para la red de distribución, y del 0,065% al 0,325% para la red de transporte.

El PNIEC

La limitación de la inversión en redes es una medida de protección a los consumidores para evitar que se encarezca la factura con el aumento de la retribución que el sistema eléctrico tiene que abonar a las compañías por sus inversiones.

Sin embargo, la ingente incorporación de renovables al sistema eléctrico español y la electrificación que requiere el cumplimiento de los objetivos del PNIEC han llevado al Gobierno a abrir este proceso de revisión de los límites de las inversiones, algo que las compañías de distribución llevan tiempo demandando.

La ATE explica que en la elaboración de sus alegaciones han colaborado organizaciones y empresas del sector energético, proveedores de equipos y servicios de instalación y demandantes de energía eléctrica.

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Respecto a la eliminación del actual límite de inversiones respecto al PIB, la alegación señala que es una medida única en el sistema eléctrico nacional y poco usual en el contexto europeo.

La ATE sugiere que sea sustituido por un sistema flexible y ajustable con carácter anual, basado en la demanda, y bajo parámetros de eficiencia y coordinación con la política energética.

Sobre la propuesta de establecer un modelo de inversiones anticipadas, con guías a 5 y 10 años revisables anualmente, la ATE explica que con ello las inversiones se alinearían con la demanda proyectada y los objetivos de descarbonización.

Creación de un fondo para financiar redes eléctricas

Además, esta asociación propone crear un fondo financiado mediante créditos del Plan de Recuperación y la colaboración público-privada, con entidades como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros inversores institucionales, para financiar las inversiones en las redes eléctricas.

Este fondo permitiría cubrir los costes de nuevas inversiones, especialmente las anticipadas, sin impactar negativamente en las tarifas de los consumidores, señala.

La ATE ha indicado que es «esencial» adaptarse a las nuevas realidades con el objetivo de evitar cuellos de botella que puedan estrangular el crecimiento de la demanda eléctrica y frenar proyectos industriales y de servicios.

Ha añadido que el nuevo modelo financiero para las redes eléctricas debe ser flexible, eficiente y capaz de anticiparse a las demandas futuras.

También ha recordado que la Comisión Europea (CE) considera que son necesarios alrededor de 584.000 millones de euros en inversiones para redes eléctricas sólo en la actual década y en el caso de España se estima que habría que multiplicar por tres las inversiones actuales.



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