La Asociación de Gestores de Residuos Sanitarios (AGERSAN) y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) han presentado esta mañana en Madrid un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios, que sirve para dar respuesta a lo establecido en la disposición final séptima de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, relativa al contenido de los planes autonómicos de gestión de residuos, que precisamente ordena la elaboración de un estudio sobre la necesidad de desarrollar esta regulación.

El estudio aboga por el establecimiento de una definición y categorización de los residuos sanitarios a nivel estatal, así como la estandarización de las características de los envases y la homogeneización tanto de la gestión intracentro (segregación e identificación, almacenamiento intermedio y final) como de la gestión extracentro (transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación).

A la presentación del estudio han asistido Antonio Ponce, presidente de AGERSAN, Fermín Retamero, miembro del Consejo Rector de ASEGRE y Luis Palomino, secretario general de ASEGRE. Todos ellos han destacado que actualmente no existen reglas comunes para la gestión de estos residuos. “La gestión de estos residuos se somete a condiciones distintas en cada comunidad autónoma en cuanto a características de los envases, tiempos de almacenamiento, características de los vehículos, condiciones de almacenamiento y de transporte, y condiciones de tratamiento y eliminación. Hay comunidades autónomas que se rigen por normas excesivamente antiguas, que no responden debidamente a los principios y estándares actuales aplicables a la gestión de residuos e incluso hay comunidades autónomas que carecen de regulación propiamente dicha en la materia”, han incidido durante la presentación.

En la presentación también han participado Jorge de Saja, director gerente de AGERSAN, y Carlos Melón, socio en Ramón y Cajal Abogados, bufete encargado de la elaboración de este estudio que afirma que la ausencia de un mínimo común denominador en cuanto a la regulación de la gestión de residuos sanitarios tiene efectos perjudiciales para los operadores económicos y para el interés público, como son el incremento de costes (en la medida en que impide las economías de escala), la dificultad de la gestión de los residuos (debido a que establece condiciones diferentes para la gestión en función del territorio), o la limitación de la competencia, por la barrera de entrada que supone el cumplimiento de una regulación distinta en cada comunidad autónoma. Esto también se traduce en inseguridad jurídica, por la dificultad de identificar la regulación aplicable (por ejemplo, en los traslados de residuos entre comunidades autónomas) y en la limitación de la unidad de mercado en este sector.

Este estudio se publica como parte de un convenio de colaboración firmado hace exactamente un año entre AGERSAN y ASEGRE, que tenía como fin de impulsar la armonización de la regulación de los residuos sanitarios en España.

Armonización regulatoria en materia de residuos sanitarios

AGERSAN y ASEGRE dejan así patente la urgencia de unificar las normas actuales para establecer métodos de gestión y tratamiento, plazos, una recogida selectiva que evite riesgos durante la gestión y un establecimiento de los contenidos mínimos de los contenedores. Con ello se favorecería la innovación y el desarrollo tecnológico, la competitividad y la aplicación de la economía circular en una actividad que se ha mostrado esencial durante la pandemia. De hecho, la gestión incorrecta de los residuos sanitarios peligrosos puede liberar al medio ambiente sustancias que resultan dañinas para la salud de los organismos vivos. Entre este tipo de residuos se encuentran los residuos biosanitarios, químicos, de medicamentos citotóxicos y citostáticos, así como radiactivos.



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