La Política Agraria Común (PAC)  creada en 1962, tiene ‘teóricamente‘ como objetivo apoyar a los agricultores/as, mejorar la productividad agrícola para suministrar alimentos asequibles, revitalizar la economía rural y luchar contra el cambio climático, a la vez que realizar una gestión sostenible de los recursos naturales, hoy todo queda en entredicho.

El mensaje que se lanza hoy desde el Parlamento Europeo a la ciudadanía sobre la Política Agraria Común (PAC), es que la sostenibilidad ambiental es algo accesorio y prescindible.

La nueva Política Agraria Común (PAC) sigue sin resolver los problemas del sector como los precios injustos y la competencia desleal y da la espalda a las explotaciones sostenibles. Las medidas aprobadas harán aún más vulnerable al campo europeo frente al avance de la desertificación o el impacto del cambio climático.

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El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la supresión de medidas ambientales en la Política Agraria Común (PAC) en una reforma exprés y sin debate público. Los cambios aprobados recortan o debilitan las conocidas como Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), que son condiciones indispensables que los agricultores tienen que cumplir para percibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y que pretenden garantizar un mínimo de sostenibilidad ambiental de las prácticas agrarias.

La Política Agraria Común (PAC) aprobada hoy por el Parlamento Europeo supone un grave retroceso ambiental y no da soluciones a los problemas reales que enfrenta el sector. Con esta Política Agraria Común (PAC) gana el lobby agroindustrial y pierden los agricultores sostenibles, la ciudadanía y el campo.

Lo peor quizás no es el impacto inmediato que pueden tener estos recortes sobre el territorio, sino el mensaje dado de que la sostenibilidad ambiental es algo accesorio o caprichoso, cuando la conservación de los recursos naturales y los ecosistemas es clave también para la viabilidad de la producción agraria a largo plazo.

Desaparece el requisito de dejar en las tierras de cultivos espacio para linderos, árboles o zonas de barbecho

Una de las medidas clave que desaparece en esta reforma es el requisito que obligaba a dejar en todas las tierras de cultivos espacio para linderos, árboles, charcas o zonas de barbecho. Esta medida buscaba recuperar la fertilidad de las tierras y fomentar la biodiversidad para, entre otros, mejorar la presencia de polinizadores. Sin embargo, a partir de ahora, los agricultores de la UE no estarán obligados a cumplir esta práctica para poder cobrar el pago básico, perpetuando una situación de desequilibrio en la que las explotaciones que han conservado estos elementos no serán adecuadamente compensadas por este esfuerzo, mientras que las que simplificaron su estructura no asumen ningún compromiso de mejora por el mismo pago.

Exención de inspecciones para verificar que se cumplen las medidas

Otra de las medidas polémicas aprobadas ha sido la exención de inspecciones para verificar el cumplimiento de la condicionalidad y sancionar, si no se cumplen las medidas, a las explotaciones de menos de 10 hectáreas. En el caso de España, afecta a 345.000 beneficiarios (55% del total), según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta medida lanza un mensaje de impunidad para aquellas explotaciones que estén cometiendo ilegalidades como el robo del agua, y deja manga ancha a quienes hacen competencia desleal frente a quienes cumplen con la legislación vigente.

Entendemos la necesidad de apoyar a los agricultores y simplificar en lo posible las gestiones administrativas asociadas a las ayudas que reciben, pero, según una reciente encuesta de la CE, dedican menos de una semana al año a estas tareas, y esta medida parece más destinada a reducir la carga para las administraciones.

Tras las protestas del campo que tomaron las calles de las principales ciudades europeas, la UE ha adoptado estas medidas de manera urgente, sin el suficiente debate público ni la participación de las organizaciones implicadas (como las de consumidores o medioambientales entre otras), que han puesto en la diana al medio ambiente y que siguen sin abordar los problemas reales que enfrenta el sector como los precios injustos, la competencia desleal, el cambio climático, la falta de apoyo hacia la agricultura familiar y sostenible o el reto del relevo generacional.

Esta Política Agraria Común (PAC) olvida que sin naturaleza no hay agricultura. Estamos hipotecando nuestros recursos naturales. Estas medidas tendrán un indeseado ‘efecto rebote’ generando más dependencia de fertilizantes químicos y otros insumos externos, como plaguicidas y piensos importados, que hará a nuestro campo aún mucho más vulnerable frente al avance de la desertificación o el impacto del cambio climático.

A la rebaja en las normas de la condicionalidad se suma la modificación, también a la baja, en las prácticas establecidas en los nuevos ecorregímenes, que resulta injustificada si se considera que en España más del 85% de la superficie y del 75% de los beneficiarios que solicita ayuda de la Política Agraria Común (PAC) se ha acogido a estas medidas en su primer año de aplicación.

La supresión de las normas que protegen la biodiversidad perjudica la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura en Europa y favorece a las grandes empresas agrarias, que pueden hacer bajar aún más los precios intensificando y ampliando su producción a costa de impactar de manera negativa en la naturaleza y en la salud de las personas. Un ejemplo de ello es la reciente condena de la Justicia europea a España por la contaminación del agua por nitratos.

La Política Agraria Común (PAC), sin embargo, sigue arrastrando problemas como el injusto reparto de fondos. El 20% de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80% de los pagos directos, mientras la mayoría de los agricultores y ganaderos (a menudo explotaciones familiares) de pequeño o mediano tamaño perciben poco o nada. Como consecuencia, el 37% de las explotaciones agrícolas han desaparecido en 15 años en Europa.

Se lamenta del legado negativo para el campo que dejarán los actuales eurodiputados y esperan que, el futuro Parlamento Europeo, enmiende esta situación, por un sector agrario próspero.

Tras esta votación, queda en manos de los Estados miembros la aplicación de estas flexibilizaciones. Por eso, se pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las consejerías autonómicas del ramo que no contribuya a esta senda que debilita la ambición de la actual Política Agraria Común (PAC) y se comprometa con las explotaciones de mayor valor socioambiental reconociendo su valor y remunerando su contribución a la generación de bienes públicos, así como con una transición hacia un modelo agroalimentario más sostenible al menos en nuestro país.



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