En los últimos años, América Latina y el Caribe se ha posicionado como la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente. En 2022, el 88% de todos los asesinatos de este tipo de activistas tuvo lugar en esta parte del mundo, continuando la tendencia de una década con numerosas muertes desde 2012 a 2022, con casi 1.200 asesinatos registrados.

Poner fin a esta violencia es el objetivo central del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de la región, que hasta ahora ha sido ratificado por 15 países, y que este año conmemora su tercer aniversario desde su entrada en vigor.

Escazú pretende garantizar la aplicación “plena y efectiva” de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y justicia, y proteger el derecho de los ciudadanos a vivir en un medioambiente sano. Sin embargo, su aplicación, así como la participación activa de los Estados y los ciudadanos en sus procesos, es todavía un trabajo en curso, según explicaron expertos a Dialogue Earth.

Brasil, Colombia y Perú se encuentran entre los países más peligrosos de la región para los defensores del medioambiente. Todos han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han ratificado en su totalidad. Mientras tanto, los países que ya forman parte del acuerdo siguen trabajando para establecer sus planes de aplicación. Los últimos en ratificarlo han sido Belice y Granada, a mediados de 2023.

Con motivo del inicio de la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) en Santiago de Chile, que tendrá lugar desde hoy hasta el 24 de abril, Dialogue Earth habló con cuatro expertos de diferentes países.

Andrés Nápoli

Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y representante de Argentina en el Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú fue ratificado por 11 países en 2021, lo que obligó a aplicarlo, y los pasos que entonces eran previsibles se están dando. Ello incluye la creación y puesta en marcha de Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del acuerdo, del cual formo parte junto a otros representantes de la región, y la aprobación del plan de acción para defensores ambientales, que se espera que se logre en la COP de Escazú en Santiago.

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El gran desafío ahora es que más países aprueben el acuerdo. Gran parte de la persecución a los defensores ambientales en América Latina y el Caribe se da en países que todavía no lo aprobaron. Escazú tiene que ser un faro que guíe hacia un mejor acceso a la información medioambiental sobre las inversiones en la región, con involucramiento directo de la sociedad civil. Tiene que haber una respuesta de aquellos países que promueven el acuerdo y manifestar compromiso con su implementación. Argentina fue uno de los primeros en ratificarlo y ya tiene un plan de implementación anunciado. El gobierno ahora debe desarrollarlo e implementarlo.

César Artiga

Representante público de Escazú para El Salvador, y representante latinoamericano de Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP)

Escazú no viene a generar o a traer nuevos derechos, sino que lo que busca como un acuerdo de carácter procedimental, es que lo que ya está pactado se cumpla. Busca llenar todos los vacíos procedimentales que hay dentro de las legislaciones y las normativas ambientales de nuestros países para que en última instancia se garantice el acceso a la justicia y se rompa de alguna manera con los patrones de impunidad que históricamente han sido la norma en América Latina y Caribe.

Tenemos que romper con la idea de que todos los instrumentos de derechos humanos son cuestiones de abogados u ONGs

Por otra parte creo que una oportunidad muy grande que tenemos es en el sentido de impulsar el empoderamiento jurídico y la abogacía comunitaria. Cuando digo eso, me refiero a que tenemos que romper con esa idea, que hace mucho daño, de que todos los instrumentos de derechos humanos son cuestiones de abogados o de ONGs.

Es esencial que la gente se apropie del instrumento, que ejerza su ciudadanía y que abogue por los derechos de su comunidad con lo que ya está establecido en las normas nacionales e internacionales. Entonces creo que la habilidad nuestra debe de ser mantener la presión, la exigencia y los llamados a los gobiernos para que lo que ya está regulado en otros instrumentos existentes esté dentro del acuerdo de Escazú, y desde ahí puntualizar y llamarlo.

Joara Marchezini

Representante pública de Escazú para Brasil y coordinadora de proyectos de la ONG de democracia y derechos humanos Instituto Nupef

El Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú avanza rápidamente. Recibirá futuras denuncias de incumplimiento del acuerdo y consultas en torno a su interpretación. Pero no es una entidad punitiva; si este comité no funciona bien, no tendremos un acuerdo verdaderamente regional.

Algunas sentencias judiciales ya han citado a Escazú, en particular en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante porque sienta un precedente en términos de acceso a la justicia. A veces esperamos demasiado del poder ejecutivo de los gobiernos; se puede avanzar en otros ámbitos, como el judicial.

Audiencia pública durante el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane contra Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Brasilia, agosto de 2022. Se trata del primer caso de la historia de la Corte sobre los derechos de las comunidades en aislamiento voluntario. (Imagen: Corte IDH, CC BY-SA)

En Brasil, al menos 30 organizaciones han abogado por la aplicación del Acuerdo de Escazú. Desgraciadamente, sin embargo, el tratado sigue siendo un gran desconocido en el país, lo que también da pie a la desinformación. El proyecto de ley que ratifica el acuerdo tardó cuatro años en enviarse al Congreso, y aún no se ha votado en la Cámara de Diputados. El Congreso brasileño está muy fragmentado y es reacio a actuar en cuestiones medioambientales. Pero, ¿cómo es posible que un país que será la sede de la cumbre del clima COP30 permanezca al margen del Acuerdo de Escazú?

Ha habido un progreso general, pero a pesar de ello, todavía tenemos algunos puntos que mejorar: muchas comunidades, especialmente las más aisladas, siguen sin poder participar activamente en la aplicación del acuerdo. Necesitamos trabajar en sus lenguas nativas, utilizando el vocabulario adecuado, para garantizar sus derechos. También necesitamos un plan de acción para los defensores del medioambiente que otorgue a los países responsabilidades específicas, para que pueda aplicarse inmediatamente [el plan de acción está actualmente en fase de redacción y probablemente se aprobará en la COP de Santiago]. También tenemos que discutir la posibilidad de tener un plan de género, ya que esto se ha trabajado mucho con ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pero probablemente se dejará para una próxima reunión.

Natalia Castro Niño

Profesora e investigadora de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Externado de Colombia

El 26 de abril, coincidentemente con el cierre de la COP3 del Acuerdo en Chile, se realizará en Colombia una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para esclarecer aspectos relativos a la relación entre el Acuerdo de Escazú y los principios de seguridad jurídica y soberanía nacional.

Según la Corte Constitucional, este es el principal tema de controversia entre quienes han expresado su opinión en el marco del proceso, como políticos y ONG. [El presidente Gustavo Petro aprobó una ley para ratificarlo en 2022, pero demoras jurídicas frenan su confirmación definitiva]. La audiencia constituye así un escenario histórico en el cual podrán despejarse las dudas y temores suscitados en torno a los efectos potenciales que traería la ratificación del acuerdo.

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Sin lugar a dudas, este es el principal reto que enfrenta Colombia. De él depende la adecuada comprensión de los alcances de Escazú en tanto oportunidad crucial para precisar los derechos de la ciudadanía, proteger el ambiente y luchar contra uno de los más graves flagelos que afecta al país: las amenazas y agresiones contra personas defensoras del ambiente.

La ratificación y posterior implementación del marco regional que ofrece el acuerdo permitirá a Colombia y a todos los países de la región asegurar un contexto estable y seguro para que sus habitantes puedan conocer y actuar adecuadamente, con el apoyo de las autoridades, ante los riesgos derivados de la crisis ambiental por la que atraviesa nuestro planeta.





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