Al asumir la presidencia de Colombia en 2022, Gustavo Petro prometió convertir a su país en una “potencia mundial de vida”, haciendo de la descarbonización y la protección del medioambiente una misión central de su gobierno.

También acaparó las miradas del mundo con sus discursos sobre justicia ambiental y transición energética en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial en Davos en Suiza y en las COP climáticas de Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, los expertos y los datos coinciden en algo: la mayoría de sus propuestas son plausibles y necesarias para uno de los países más biodiversos del planeta, pero en ejecución se ha quedado corto.

Un año y medio después de su posesión como el primer presidente de izquierda en Colombia, con casi 25 promesas medioambientales y energéticas según su plan de gobierno, sólo se han logrado avances concretos en ocho de ellas, según nuestro análisis. Cumplir la mayoría de estas promesas antes de agosto de 2026, cuando finaliza su mandato, también parece ser complicado.

Promesas energéticas de Petro

Sin avances

1 – Fortalecer la investigación, la ciencia y la tecnología y fomentar el desarrollo de programas de formación técnica, tecnológica, profesional y posgradual orientados a transición energética, generando capacidades para asumir las oportunidades laborales que brindará dicha transición.

2 – Crear un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctricas.

3 – Crear el Instituto Nacional de Energías Limpias.

4 – Estimular la implementación de proyectos de hidrógeno a pequeña, mediana y gran escala y de sus respectivos sistemas de transporte y distribución.

5 – Fomentar la generación de biogás asociado a proyectos agropecuarios y de aprovechamiento de residuos sólidos.

6 – Impulsar una reforma al actual código de minas y un ajuste institucional en función de la transición energética y la nueva política pública minero-energética, con perspectiva ambiental y social.

yellow circleDe lento progreso

1 – Impulsar tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica y solar. Se priorizará la producción de energía solar en la Guajira, en propiedad mixta con las 17 comunidades wayúu, los trabajadores de la minería del carbón y los municipios productores. Para lograrlo se promoverá un plan ambicioso de techos y granjas solares en las zonas con mayor exposición solar del país.

2 – Reducir gradualmente el modelo extractivista para la no dependencia económica del petróleo y del carbón.

green circleCumplidas

1 – Fortalecer el parque automotor público e incentivar el uso de vehículos eléctricos y estaciones de recarga.

2 – Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera.

3 – No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni se permitirá la gran minería a cielo abierto.

4 – No se construirán más hidroeléctricas de embalse.

Otras promesas ambientales de Petro

red circleSin avances

1 – Reconocer a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, promover su trato digno y hacerle frente al tráfico de fauna silvestre.

2 – Avanzar en el cierre de los botaderos a cielo abierto en todo el país.

3 – Impulsar los parques tecnológicos de aprovechamiento de residuos mediante alianzas público-populares.

De lento progreso

1 – Fortalecer la investigación en ciencias ambientales promoviendo el trabajo creativo y colaborativo entre las comunidades, las instituciones de educación superior, los institutos de investigación y el reconocimiento intercultural de los saberes tradicionales y ancestrales para impulsar una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza de cara a la crisis ambiental global.

2 – Garantizar el acceso universal y gratuito a la información ambiental, de riesgos y cambio climático para que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional a la participación.

3 – Ofrecer garantías para las y los defensores y líderes ambientales. Además de proteger a las personas, se investigarán las causas y responsables de los conflictos ambientales que motivan sus luchas y se gestionarán mecanismos expeditos para su resolución.

4 – Construir un gran pacto nacional de trascendencia regional y global para la defensa ambiental de la Amazonía, la Orinoquía y del Pacífico.

5 – Impulsar la prohibición de todo tipo de espectáculos que involucren prácticas de maltrato animal, incluidas las corridas de toros. No se permitirá el uso de escenarios ni recursos públicos para estos fines.

6 – Impulsar el desarrollo y el uso sistemático de materiales biodegradables que permitan eliminar los plásticos en empaque, embalaje y almacenamiento.

7 – Garantizar la protección constitucional de la población recicladora de oficio mediante acciones afirmativas, la formalización laboral en su calidad de trabajadores y el fortalecimiento de la economía popular y como protagonistas de la lucha contra el cambio climático.

8 – El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) será el instrumento para lograr la articulación -en el nivel local y regional- entre universidades, empresarios, comunidades y entidades públicas, de manera que se estimule el mejoramiento de la productividad, a partir del reconocimiento del contexto y potencialidades territoriales. Como cabeza del sistema, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación orientará la política de CTI y asegurará su robusto financiamiento. Se fortalecerán y consolidarán los Sistemas Regionales de Innovación.

Cumplidas

1 –  Prohibir los plásticos de un solo uso. (A 1 de junio de 2022 el Congreso ya aprobó la ley que prohíbe algunos de estos tipos de plásticos y entrará en vigencia en 2025).

A pesar de ganarse los elogios de los ecologistas en la escena internacional, internamente los vientos no le son favorables a Petro. La aprobación de su gestión por parte de la ciudadanía pasó del 56% cuando llegó al poder en agosto de 2022, al 26% en diciembre de 2023.

Las principales banderas de su gobierno ―la política de Paz Total y las reformas a la salud, pensional y laboral― todavía no muestran resultados o han naufragado en un mar de tropiezos dentro del Congreso, y en solo un año y medio ha enfrentado dos crisis ministeriales y la tercera podría explotar mientras se publica este texto.

Diálogo Chino consultó a expertos en los campos de la energía y el medioambiente, así como datos oficiales y otros análisis, para evaluar el progreso del gobierno de Gustavo Petro en 24 compromisos medioambientales, según lo identificado por la publicación local de ciencia y tecnología Pesquisa Javeriana.

Las energías limpias primero

Doce de las veinticuatro propuestas están relacionadas con la transición a energías limpias, un tema prioritario para el presidente de un país que depende en gran medida de los combustibles fósiles para cubrir sus necesidades energéticas y cuyo importante sector hidroeléctrico se enfrenta a interrogantes a largo plazo.

Entre estas promesas figuran la creación de un Instituto Nacional de Energías Limpias para coordinar la estrategia en este ámbito, y un fondo para la transición energética, aunque todavía no han trascendido detalles concretos sobre estos planes. Sin embargo, Colombia ha atraído financiación internacional para apoyar proyectos de energías limpias durante la administración de Petro, incluida la del Banco Mundial, el gobierno alemány el Climate Investment Fund, un organismo multilateral.

La prometida expansión de las energías renovables bajo el gobierno de Petro se ha visto frenada por obstáculos normativos y conflictos sociales. La UPME, organismo de planificación minero-energética, había planificado la construcción de 11,4 GW de energía solar y eólica entre 2023 y 2027, pero casi la mitad de los proyectos están retrasados.

Vista aérea de un pueblo costero a orillas del un mar celeste
Un pueblo costero de La Guajira, en el norte colombiano. El gobierno de Petro ha calificado a La Guajira como el “epicentro” de la transición energética del país, pero algunos proyectos de renovables han provocado conflictos sociales en la región, una de las más pobres de Colombia (Imagen: Iván Otero / Presidencia de Colombia, PDM)

Uno de los avances más significativos ha sido el acuerdo del gobierno con grupos indígenas para mejorar las consultas sobre los proyectos de energías renovables y permitirles asociarse con empresas en iniciativas eólicas y solares. Esto podría ser especialmente importante para el pueblo indígena wayúu de La Guajira, una región en el extremo norte de Colombia que ha sido señalada como el “epicentro” de la transición energética del país, pero donde han surgido conflictos entre las comunidades y las empresas en torno a proyectos de renovables.

En cuanto a los intentos por reformar el código minero, “en función de la transición energética y con perspectiva ambiental y social”,  solo hay un proyecto de ley que se archivó a mediados de 2023.

En lo que hasta ahora sí ha cumplido Petro es en la expedición, a finales de 2023, de una resolución del Ministerio de Minas y Energía que obliga a todas las estaciones de gasolina a tener puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos. También es cierto que la actual administración detuvo la firma de nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, así como los proyectos de fracking, las licencias de minería a cielo abierto y la construcción de hidroeléctricas de embalse.

Sin embargo, estas decisiones han recibido decenas de críticas por parte de expertos, incluso aliados del gobierno, que aseguran que se han tomado de manera improvisada y que pueden llevar a que en el mediano plazo Colombia pierda su soberanía energética y su autosuficiencia en materia de gas y petróleo.

¿Qué significará para Colombia seguir explorando un petróleo que tal vez nadie querrá comprar en 2035?

Manuel Guzmán Hennessey, director de Klimaforum Latinoamérica Network

Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente de Colombia en los años 90, en conversación con Diálogo Chino, cree que “suspender la exploración de petróleo y gas es un gran error porque el país depende en buena medida de esas exportaciones y económicamente sería un golpe enorme tener que importar esos hidrocarburos”.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, las exportaciones del sector significan el 40%de todas las del país. Y según el Banco de la República, el 72% de la inversión extranjera directa de 2022 provino del sector de minería y petróleo.

“Colombia debe cumplir con el compromiso de disminuir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030, pero el 59% de ellas corresponden a la deforestación y al uso del suelo y la ganadería, así que la prioridad debe estar en otra parte”, asegura el exministro, que además afirma estar de acuerdo en “sustituir las energías fósiles por energías renovables y diversificar la economía, pero sin sacrificar el crecimiento económico”.

Manuel Guzmán Hennessey, profesor y director de la red latinoamericana sobre cambio climático Klimaforum Latinoamérica Network, cree que el anuncio de que no habrá nuevos contratos de exploración también hay que leerlo en el contexto internacional.

“¿Qué significará para Colombia seguir explorando un petróleo que tal vez nadie querrá comprar en 2035? La estrategia de descarbonización de la economía del gobierno no está centrada exclusivamente en el abandono de los combustibles fósiles sino en la reindustrialización y la integración con nuevas economías locales y ese camino apenas está siendo diseñado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.

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Por otro lado, Petro ha hecho alarde, en las COP27 y COP28, de que “Colombia ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia”, lo que significa que el 70% de la energía eléctrica corresponde a fuentes renovables, distribuidas. En 2023, la energía hidroeléctrica representó el 66,8% de la capacidad instalada, mientras que la térmica el 30,5%, y la eólica y la solar representaron en conjunto el 1,6% de la capacidad. En 2022, un año caracterizado por fuertes lluvias y el aumento del nivel del agua, la generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica alcanzó el 83%.

Sin embargo, como señaló el medio de fact-checking Colombia Check, lo que Petro no dice en sus discursos es que eso ocurre en el país al menos desde 2016, varios gobiernos antes que el suyo.

Amazonía, deforestación y deuda externa

Entre las promesas del presidente colombiano también está “construir un gran pacto nacional de trascendencia regional y global para la defensa ambiental de la Amazonía, la Orinoquía y del Pacífico”, ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ―más conocido como Acuerdo de Escazú― y “ofrecer garantías para los defensores ambientales”, en el país más peligroso del mundo para ejercer ese oficio, según el ranking de 2022 de la organización Global Witness.

En cuanto a la primera promesa, se ha dado un primer paso: la cumbre de líderes amazónicos celebrada en la ciudad brasileña de Belém en agosto de 2023 supuso algunos avances en la cooperación regional, incluida la lucha policial contra los delitos medioambientales, pero para muchos fue decepcionante.

El presidente de Colombia Gustavo Petro (centro) y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, en un panel
El presidente Petro (centro) junto a su ministra de Ambiente, Susana Muhamad (derecha), durante la Cumbre Amazónica del año pasado. La protección de la selva y sus habitantes forma parte de la agenda de Petro, ya que el país sigue siendo uno de los más peligrosos para los defensores ambientales (Imagen: Cristian Garavito / Presidencia de Colombia, PDM)

Sobre Escazú, en noviembre de 2022 el Congreso finalmente aprobó la ley que ratifica ese tratado internacional. El Ministerio de Ambiente aseguró a Diálogo Chino que ya comenzó su implementación con el “desarrollo de estrategias de participación ciudadana que faciliten el acceso oportuno y efectivo a la información pública para empoderar a los líderes, lideresas y comunidades en la defensa ambiental de sus territorios”, entre otras acciones. Sin embargo, hay expertos que afirman que el plan debería ser más ambicioso y profundo, y vincular a otras entidades y sectores.

El tema de los líderes ambientales es mucho más complejo, pues a pesar de que desde el Ministerio de Ambiente afirman que “se ha establecido una ruta de articulación intersectorial”, dado que su solución no depende sólo del sector ambiental, y se ha creado un “protocolo de reacción ante situaciones de riesgo o agresión de las defensoras de la tierra y el ambiente”, las amenazas y los asesinatos siguen imparables y la impunidad en las investigaciones judiciales por esos casos no es la excepción sino la regla.

Además de las promesas plasmadas en el programa de gobierno, Petro ha utilizado espacios internacionales para anunciar que “Colombia aportará 200 millones de dólares, año a año y durante dos décadas, para salvar el Amazonas” o que en su cuatrienio se restaurarán 753.783 hectáreas de bosque.

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Sobre lo primero, hay que decir que buena parte de los recursos para la Amazonía provienen de cooperación internacional y todavía no hay registros que comprueben que en el primer año de gobierno se hizo esa inversión. La noticia que sí celebra todo el mundo es que en 2022 la deforestación en el país disminuyó un 29,1% respecto de 2021, y en la Amazonía se redujo en un 36,4%. Hay indicios de que 2023 fue aún más impresionante, ya que el Ministerio de Ambiente calcula que la deforestación se redujo un 70% en los nueve primeros meses del año pasado. Se espera que los datos oficiales de todo el año estén listos en las próximas semanas.

La segunda meta es calificada de muy ambiciosa y todavía genera escepticismo. Aunque para Rodríguez Becerra nada más con cumplir esta promesa Petro ya le dejaría “un gran legado a Colombia”, el signo de interrogación sigue puesto por la capacidad de implementación de un plan que no sólo depende del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales, las autoridades ambientales regionales y las mismas comunidades.

“Además, como no es reforestación tradicional sino restaurar de forma integral, el proyecto es bastante complejo porque implica también la intervención de entidades científicas y tener el material vegetal necesario, y hay dudas de que el país cuente en este momento con los viveros suficientes para proveer ese material que puede ser muy distinto según el ecosistema al que llegue”, señala el exministro.

Por ahora, de acuerdo con las cifras entregadas a este medio por el Ministerio de Ambiente, hay planes concretos de restauración en casi 45.000 hectáreas. A ese ritmo, y teniendo en cuenta que la meta anual que se impuso el mismo gobierno es de 187.500 hectáreas anuales, cumplir con este propósito se ve bastante lejano.

Multitud de personas con cámaras fotografiando al presidente Petro, en un escenario
Petro en una manifestación en apoyo a su gobierno en Bogotá, en junio de 2023. Muchas de sus reformas nacionales, incluidas las políticas de salud, seguridad social y trabajo, aún no han logrado resultados claros o han sido bloqueadas en el Congreso (Imagen: Cristian Garavito / Presidencia de Colombia, PDM)

La última gran apuesta es la de hacer un canje de deuda externa por inversión en adaptación y mitigación al cambio climático, incluidas iniciativas conocidas como canjes de deuda por clima o canjes de deuda por naturaleza. Aunque estos canjes no son una herramienta nueva, y de hecho en los años 90 Colombia las llevó adelante un par de veces con Estados Unidos y Canadá, a nivel micro, el concepto de canje de deuda ha recibido una mezcla de elogios y críticas por parte de ecologistas y analistas financieros.

El interrogante, sin embargo, sigue siendo el mismo. Citado por La Silla Vacía, el profesor de economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, señala que “Petro ha sido consistente con esta necesidad, pero queda por ver cómo pasa de los discursos a convertirla realmente en una posición regional que puedan compartir y defender Brasil o Argentina”.

Guzmán Hennessey, por su parte, no cree que el alivio de la deuda sea fácil  “porque depende de actores internacionales y porque el presidente no ha podido concretar aún su sueño de liderazgo latinoamericano”. Según él, “la voz de Petro en la COP28 fue solitaria, no en bloque, y para plantear una propuesta de esta envergadura [sobre canjes de deuda y conservación] se necesita concitar las voluntades de sus vecinos, al menos los del bosque amazónico”.

Por ahora, lo único concreto al respecto es el anuncio que se hizo en la COP28 de que los gobiernos de Colombia, Kenia, Francia y Ghana liderarán una revisión por parte de expertos internacionales e independientes de cómo “la deuda afecta la capacidad de los países en desarrollo para conservar la naturaleza, adaptarse al cambio climático y descarbonizar sus economías”.

Ahora que el país se prepara para ser sede de la COP16 de Biodiversidad, que se realizará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre próximos, y los ojos del mundo van a fijarse con más atención en uno de los pilares del programa de gobierno de Petro, que es el ambiental, se hace más necesario que nunca que el presidente cierre la brecha que hay entre sus grandes discursos y sus logros reales.

Este artículo fue producido en colaboración con Vorágine, una plataforma colombiana de periodismo de investigación.





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